El planteamiento, aún en fase de análisis, contempla que los mandatarios estatales propongan una terna de aspirantes, y que el Congreso local elija al titular

Zarek Serna / Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Morena y sus aliados en el Senado preparan una reforma constitucional que eliminaría la autonomía de las fiscalías estatales, entre ellas la de Tamaulipas, y devolvería a los gobernadores el control sobre el nombramiento de los fiscales generales.

El planteamiento, aún en fase de análisis, contempla que los mandatarios estatales propongan una terna de aspirantes, y que el Congreso local elija al titular.

De concretarse, implicaría revertir el modelo instaurado en 2014 que otorgó autonomía a las fiscalías como un mecanismo para fortalecer la independencia en la procuración de justicia.

El senador Waldo Fernández, integrante de la bancada de Morena, detalló que la iniciativa se construye en conjunto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en línea con la reciente reforma judicial aprobada en ‘fast track’, la cual también limita la autonomía del Poder Judicial.

En el caso de Tamaulipas, la reforma podría aplicarse antes del relevo del actual fiscal general, Irving Barrios Mojica, cuyo periodo concluye en diciembre próximo.

Barrios fue nombrado procurador en 2016 por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ratificado como fiscal general en 2018 por el Congreso local, para un periodo de siete años.

De aprobarse la reforma a tiempo, el gobernador Américo Villarreal Anaya tendría la facultad de proponer directamente a los candidatos a fiscal general, sin necesidad de que el Congreso convoque a un proceso público.

El argumento detrás de la iniciativa es que la autonomía no ha generado los resultados esperados.

Según cifras del último informe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, se abrieron 5 mil 216 carpetas de investigación.

De ellas, solo 411 se resolvieron con acuerdos reparatorios; 70 mediante acuerdos inmediatos; 341 por acuerdos diferidos; 246 por conclusión anticipada, y 516 siguen en trámite.

Esto significa que alrededor del 70 por ciento de los casos siguen sin resolverse, lo que, según legisladores de Morena, refleja la ineficiencia del modelo actual.

Pese a su impulso desde la Cámara alta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó públicamente de la propuesta.

“No es una propuesta nuestra. Hay que analizar profundamente, porque hay fiscalías que funcionan bien y otras no tanto”, dijo durante su conferencia matutina del viernes.