Tan solo en octubre, las nuevas carpetas judiciales suman desvíos por más de mil quinientos millones de pesos, todos ligados a funcionarios de primer nivel del sexenio cabecista. El patrón se repite: cargos inflados, contratos amañados y dinero público convertido en botín personal

Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Francisco García Cabeza de Vaca guarda silencio. La justicia le pisa los talones y el amparo que lo mantiene libre pende de un hilo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aun así, insiste en su gastado discurso de persecución política, mientras la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas sigue destapando la cloaca que dejó su gobierno: una red de saqueo institucional que se tragó miles de millones de pesos y que hoy tiene a varios de sus hombres más cercanos enfrentando a los jueces.

Tan solo en octubre, las nuevas carpetas judiciales suman desvíos por más de mil quinientos millones de pesos, todos ligados a funcionarios de primer nivel del sexenio cabecista. El patrón se repite: cargos inflados, contratos amañados y dinero público convertido en botín personal.

Entre los nuevos acusados aparece Fernando «C», exdirector del ITACE, señalado por desviar recursos públicos. También Carlos Alberto «G», uno de los hombres más leales al exgobernador, exsecretario de Desarrollo Económico, ahora procesado por abuso de poder y manejo ilegal de facultades.

La lista sigue con María de Lourdes «A«, exsecretaria de Finanzas, señalada por el uso ilícito de funciones, y un grupo de exfuncionarios de Obras Públicas Reynaldo «G», Eduardo «B», Isaías «V» y Armando «C» acusados de manipular contratos y repartirse los “retornos” millonarios de las obras públicas. Todos ellos formaron parte del círculo interno que operó el saqueo desde la comodidad de sus oficinas.

A la red también se suma Enrique «N», exsubsecretario de Finanzas en Salud y figura cercana a Ismael García Cabeza de Vaca, investigado por los mismos delitos de abuso de atribuciones. Y en el mismo paquete está Rómulo «G», exsecretario de Bienestar, otro operador del gobierno panista acusado de haber hecho uso del cargo para beneficio personal.

Otros nombres ya conocidos, como Mario «G» (Educación), Gilberto «E» (SEDUMA) y Jesús Alberto «S» (Administración), también enfrentan procesos por la misma podredumbre administrativa que marcó al sexenio.

Mientras todos estos expedientes avanzan en el nuevo Poder Judicial de Tamaulipas elegido por el mismo pueblo que echó al PAN del poder en 2022, Cabeza de Vaca opta por el silencio, mirando cómo su red de confianza se desmorona ante los tribunales.

Sabe que el tiempo se le agota. Y cuando la Suprema Corte resuelva sobre su amparo, podría no quedarle más refugio que el discurso cansado del “perseguido político”.

Porque la justicia, tarde o temprano, termina alcanzando a quien la retó con soberbia.