CDV derrochó más de 3 mil 400 millones en propaganda oficial: bajo investigación por corrupción

Gastó cinco veces más de lo autorizado por el Congreso; parte del dinero fue dirigido a medios afines y campañas de difamación

Alberto Serna / Reportero

En lo que se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción financiera en la historia reciente de Tamaulipas, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca habría gastado más de 3 mil 458 millones de pesos en comunicación social entre 2016 y 2021, a pesar de que el Congreso local solo le autorizó 636 millones de pesos para ese rubro.

De acuerdo con informes oficiales de la Cuenta Pública estatal y un análisis independiente de especialistas, el sobre-ejercicio presupuestal fue superior a los 2 mil 800 millones de pesos, lo que representa un exceso de más del 500 por ciento anual sin respaldo documental que justifique el destino de esos recursos.

Solo en el año 2019, el gasto desmedido alcanzó niveles alarmantes: el Congreso autorizó 69 millones de pesos, pero el gobierno estatal ejerció 752 millones, sin que existan contratos, facturas ni comprobantes oficiales que avalen el uso de esos fondos.

Especialistas financieros señalan que el entonces senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del ex mandatario, habría tenido un papel clave en la operación de este esquema, canalizando millones de pesos hacia periodistas afines, medios sin transparencia, granjas de bots y campañas de difamación política.

Incluso durante la pandemia de COVID-19, mientras hospitales padecían carencias, el gasto en comunicación oficial se disparó a 270 millones de pesos, cuadruplicando el promedio de años anteriores.

Actualmente, existen denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, donde se investigan estas irregularidades como parte de una red de uso político y desvío de recursos públicos.

El caso de Cabeza de Vaca vuelve a colocarse en el centro del debate sobre la impunidad en Tamaulipas, exhibiendo cómo la propaganda gubernamental fue utilizada como herramienta de control y corrupción a costa del erario.