La propuesta fue promovida por la diputada Eva Araceli Reyes González, quien argumenta que actualmente existe una brecha entre los fallos judiciales y su ejecución efectiva

Alberto Serna
BS Noticias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una iniciativa presentada en el Congreso de Tamaulipas plantea modificar el Código Penal estatal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, enfocándose no en crear nuevos delitos, sino en asegurar que las sentencias realmente se cumplan.

La propuesta fue promovida por la diputada Eva Araceli Reyes González, quien argumenta que actualmente existe una brecha entre los fallos judiciales y su ejecución efectiva. En el documento se advierte que “el problema actual no radica en la tipificación del delito, sino en la brecha que se genera entre la sentencia condenatoria y su cumplimiento real”.

El planteamiento contempla la adición de tres artículos al Código Penal para establecer mecanismos de seguimiento una vez dictada una sentencia por incumplimiento de pensión alimenticia. Entre ellos, se propone que los jueces determinen un plan de pago verificable, con montos, periodicidad y condiciones claras. Según la iniciativa, esto busca que la reparación del daño “no sea una declaración formal sino una obligación efectivamente exigible”.

También se incluyen medidas para quienes obtengan beneficios como libertad condicional, obligándolos a reportar cambios de domicilio, empleo o ingresos, así como a presentarse periódicamente ante la autoridad. Incluso, en ciertos casos, se podrían establecer restricciones de movilidad para garantizar el cumplimiento.

En caso de incumplimiento, el proyecto plantea sanciones progresivas que van desde ajustes al plan de pago hasta la revocación de beneficios y la posible ejecución de la pena. La iniciativa señala que cuando una resolución judicial no se cumple, “se erosiona la función del sistema de justicia”.

El documento también vincula esta problemática con afectaciones directas a derechos fundamentales, especialmente en menores de edad, al advertir que el incumplimiento de estas obligaciones impacta en condiciones de vida, educación y desarrollo.

La propuesta fue turnada para su análisis legislativo, donde se discutirá su viabilidad y posibles modificaciones antes de una eventual votación en el Pleno.